La salvaguarda efectiva del orden constitucional y de los derechos humanos es el objetivo primordial de todo Estado Constitucional de Derecho. Para ello, se ha previsto desde la norma constitucional una serie de controles y mecanismos de defensa que permitan materializar dicha salvaguarda. Sin embargo, existen situaciones que, por su urgencia y gravedad, se justifica que Estado Mexicano, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, intervengan mediante el establecimiento de medidas cautelares, cuyo objeto es preservar el estado de las cosas previa a la comisión de una vulneración constitucional, o en su caso, impedir la materialización de una violación de los derechos humanos de una o varias personas, con independencia del análisis y estudio de fondo de los hechos o actos que han generado la Litis o el conflicto jurídico en concreto que derivará en una sentencia. En nuestro sistema constitucional, existen diversos procedimientos constitucionales que prevén la existencia de medidas cautelares, cada una con rasgos y características procesales propias, pero con una misma finalidad: la defensa de la Constitución.