El autor propone una nueva reflexión sobre un aspecto nodal para la incorporación en el ordenamiento jurídico de acciones específicas para la disminución de la pobreza, la exclusión y la desigualdad: la vinculación entre los derechos a la dignidad humana y al mínimo vital, con la perspectiva de aplicación real y justicia de los derechos económicos, sociales y culturales, y con los límites presupuestales que enfrentan las instituciones del Estado. Esta perspectiva no pretende analizar con exhaustividad la noción de pobreza como una cuestión de desarrollo humano, sino como una cuestión de vulneración de derechos humanos, particularmente de la dignidad humana y el mínimo vital, y que, por lo tanto, debe abordarse desde la óptica jurídica y desde la construcción de un marco normativo, de políticas públicas y de gestión administrativa, debidamente orientado y eficiente, frente a los escasos recursos públicos disponibles.