La reforma constitucional de junio 2011 ha dado lugar a un nuevo paradigma tendiente al fortalecimiento de los valores y principios del Estado constitucional y democrático en México. El conjunto de derechos humanos reconocidos y consagrados desde entonces, tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los cuales forma parte nuestro país, establecen una serie de obligaciones y deberes a cargo de los poderes públicos y ámbitos de gobierno, con base en nuevas directrices y principios interpretativos del ordenamientos jurídico, correspondiendo en última instancia a la Suprema Corte de Justicia en sede interna así como a órganos jurisdiccionales supranacionales, garantizar la tutela efectiva de los mismos. En este contexto se inscribe el contenido de la presente obra, cuyo hilo conductor se reconduce a reflexionar en cada uno de los temas tratados acerca de los grandes desafíos que el Estado y la Administración Pública enfrentan en torno a añejos problemas de la sociedad mexicana, mismos que exigen la revisión y replanteamiento de la organización administrativa y sus procedimientos bajo una perspectiva o enfoque de derechos humanos, y no desde la visión monopólica y unilateral del poder público, como se ha venido realizando.