La actividad punitiva de la Administración Tributaria habrá de canalizarse necesariamente a través de un procedimiento contradictorio en el que, pese a contar con importantes paralelismos con otros procedimientos tributarios, la relevancia de los derechos fundamentales implicados modifica sustancialmente su esencia y la de los trámites específicos que lo configuran, al estar estos dotados de una incuestionable relevancia constitucional, traduciéndose en un más amplio elenco de garantías para el administrado, que resultan especialmente salvaguardadas por nuestro ordenamiento.