Las personas adultas mayores por su condición y estatus social deben ser foco de especial atención, cuidado y respeto por el Estado, el Derecho y la sociedad en general. En ellas y ellos descansa la sociedad que hoy tenemos, y por ello, es que se les debe retribuir garantizando su derecho a la dignidad humana, cuyo catalizador es la satisfacción de sus necesidades en materia de solución de conflictos. En ese tenor, el acceso a la justicia de las personas pertenecientes a ese estrato social debe ser otorgado con la diligencia que el supuesto amerita, sobre todo por su crecimiento exponencial, así como por que históricamente ha sido un grupo socialmente discriminado.