Las nuevas reglas procesales, que regulan el sistema procesal penal en México, implica la necesidad para los operadores del sistema, como defensores, asesores victimales, conciliadores, peritos, policías, funcionarios judiciales, o bien cualquier persona que de manera directa o indirecta intervenga en un proceso penal, cuenten con las herramientas explicativo-operativas, que otorguen un conocimiento forense, conforme a las instituciones procesales previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, además de los precedentes y fundamentos jurisprudenciales de carácter vinculatorio y orientador, surgidos en los diferentes procesos constitucionales de México, como el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.