México enfrenta hoy en día uno de los más grandes retos a nivel nacional, la implementación de un sistema acusatorio de corte adversarial. Este nuevo sistema de justicia penal busca mejorar la forma de impartición y procuración de justicia; de fortalecer el respeto a los Derechos Humanos, tanto de víctimas u ofendidos como de imputados; garantizar el acceso a la Justicia, el rápido esclarecimiento de los hechos, mayor transparencia en el actuar de los operadores del esquema de justicia penal y por supuesto, generar más medios alternativos para poner fin al conflicto penal, entre otras. Con la reforma Constitucional de Seguridad y Justicia del año 2008 y la de la incorporación de los Derechos Humanos a nuestro ordenamiento supremo en 2011, es que la implementación del nuevo esquema de justicia penal es ahora una obligación para las entidades federativas y el Distrito Federal.