Recientemente, los tribunales constitucionales del mundo se han aproximado con mayor frecuencia a los estándares más protectores de los derechos sociales. En México, luego de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011 que aparejó la efectiva exigibilidad de dichos derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido un papel protagónico al desarrollar una doctrina propia que los potencializa con miras a su plena protección y garantía.